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Jueves, 23 de noviembre de 2017

Aprobada la Ley de Contratos del Sector Público

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347 son los artículos que tiene la tan esperada Ley de Contratos del Sector Público, la norma que traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas europeas sobre la contratación del sector público; una norma que llevaba años reclamándose desde las pymes ya que responde a la necesidad de facilitar el trabajo de las pequeñas y medianas empresas con la administración.

[Img #5026]La extensa Ley recoge muchas novedades, pero en esta información -ofrecida por Diariojuridico.com- pasaremos a enunciar las más significativas para nuestro sector.

 

Publicidad obligatoria: La ley introduce la creación de nuevos procedimientos que requieren obligatoriamente de publicidad. Estos son: el abierto simplificado, el de licitación con negociación y el de asociación para la innovación. Además, la nueva ley suprime la posibilidad de contratación sin previa publicidad.
 
PYMES:
La nueva Ley de Contratos del sector público hace especial hincapié en las medidas que faciliten el acceso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) a la contratación.
Estas medidas se prevé que generen una mayor competencia  por la obtención de contratos públicos y que permitan a las PYME crecer y desarrollarse, con el fin último de apoyar el crecimiento de la economía.


Lotes: la regla general que operará a partir de ahora será la división de los contratos, susceptibles de fraccionamiento, en lotes; para facilitar el acceso de PYMEs y autónomos a los procesos de contratación, por lo que las PYMEs podrán tener acceso a contratos que, en el pasado, solo podían permitirse grandes empresas.


Requisitos de solvencia: a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público los requisitos de solvencia que se exijan a las PYME tendrán que estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo.
Estos requisitos se añaden con el objetivo de solucionar los niveles de cualificación y de certificación desproporcionados exigidos con la anterior norma. Añade, además, la imposibilidad de solicitar experiencia como solvencia a empresas de nueva creación.


Pliegos: los pliegos añadidos rebajan las condiciones de solvencia técnica, con el objetivo de que las empresas de nueva creación no tengan que acreditar trabajos anteriores con la Administración para poder empezar a trabajar con ella.
 
Precio: la anterior ley primaba como criterio de adjudicación “la oferta económica más ventajosa”, en esta nueva ley, en cambio, prevalece el criterio de “la mejor relación calidad – precio”. Esta medida quiere evitar que se sigan primando las ofertas con precio más bajo y que esto afecte a la calidad, de esta manera la nueva Ley quiere fomentar  la “adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio”.
 
Consultas preliminares: la nueva Ley permite que las empresas que participen en los procesos de consultas al mercado ( consultas preliminares), esto es: consultar con expertos o con el propio mercado para preparar futuras contrataciones, participen después en las licitaciones.
 

Depósito de facturas en Registro electrónico: para vigilar que las empresas que trabajen para las Administraciones públicas no paguen tarde a sus proveedores se les obligará a depositar cada factura en un registro electrónico.

 
Pago directo:
siempre que lo prevean los pliegos de contratación, las Administraciones Públicas podrán pagar directamente las facturas a los subcontratistas, detrayendo el importe correspondiente a los contratistas.
 

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión: La nueva Ley de Contratos del Sector Público prevé la creación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión. Un órgano que estará capacitado para emitir recomendaciones para su cumplimiento por parte de los órganos de contratación y que dependerá del Ministerio de Economía.
Así, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejará de ejercer funciones de supervisión en este sector.


Adjudicación directa de contratos menores: la nueva ley reduce la capacidad de la Administración para adjudicar directamente contratos menores con el objetivo de combatir la opacidad en los procesos de adjudicación de este tipo de contratos. La nueva ley también imposibilita la adjudicación sin publicidad previa.
 

Entidades públicas: quedarán sometidas a la ley directamente, desapareciendo las instrucción del sector público.
 
Partidos políticos y sindicatos: quedan obligados a recurrir a procedimientos públicos para la adjudicación de contratos, y siempre que la mayoría de su financiación provenga de fuentes públicas, como el resto de tradicionales sujetos obligados. obteniéndose con esta medida una menor posibilidad de fraude. Y por la misma razón, la de evitar el fraude, desaparecen los contratos de gestión de servicios públicos y los contratos de colaboración público-privada.
 

Medidas anti corrupción: La nueva Ley prevé que los sujetos condenados por corrupción no puedan ser contratistas de las Administraciones Públicas.


Contratación electrónica: la nueva Ley de Contratos del Sector público prevé aumentar la contratación electrónica y todas aquellas gestiones susceptibles de realizarse por medios electrónicos o telemáticos en todos los aspectos del proceso.

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