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E&L
Martes, 6 de marzo de 2012
Contratos con el sector público

Todos los requisitos para participar en una licitación pública

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Uno de los principales clientes de las empresas de limpieza en cuanto a volumen de facturación son las Administraciones Públicas, pero para poder optar a un concurso público hay que cumplir una serie de requisitos que vamos a exponer en estas páginas.

[Img #1942]Según los últimos datos publicados en la Estadística de Productos en el Sector Servicios, correspondientes al año 2009, las Administraciones Públicas son el primer cliente de las empresas en cuanto a volumen de negocio. Así, de los 9.003,802 millones de euros facturados durante el año 2009, 2.779,390 millones de euros procedían del sector público, lo que supone un 30,9% del total. Pero ¿cuáles son los requisitos que hay que cumplir para poder presentarse a una licitación pública?

Según el artículo 54 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, ya sean españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que así se exija, se encuentren debidamente clasificadas. Además, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, si es el caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Los requisitos mínimos de solvencia y los documentos que tienen que presentarse para acreditarla se indicarán en el anuncio de licitación y estarán especificados en el pliego del contrato. Los documentos que pueden requerir los órganos de contratación para acreditar esta solvencia han de ser los previstos en los artículos 75 y 78 de la Ley. No obstante, los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la condición de Administración Pública podrán admitir otros medios distintos para probar esta solvencia.

Solvencia económica y financiera
Este tipo de solvencia se puede acreditar a través de uno o varios de los siguientes medios:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. En el caso de que no estén obligados a presentar las cuentas en los registros oficiales, podrán aportar los libros de contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

No obstante, la Ley contempla que, si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera con cualquier otro documento que el órgano de contratación considere apropiado.

Solvencia técnica o profesional
Según el artículo 78 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los contratos de servicio, la solvencia técnica o profesional de los empresarios puede acreditarse, según el objeto del contrato, a través de uno o varios de los siguientes medios:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya el importe, las fechas y el destinatario de los mismos, ya sea público o privado. Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente. En el caso de que el destinatario sea un sujeto privado, se acreditará a través de un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. En su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, estén integradas o no en la empresa, que participen en el contrato, especialmente los que estén encargados del control de calidad.

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, se efectuará un control por parte del órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que haya un acuerdo con dicho organismo. Este control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se tendrá que adjuntar la documentación que lo acredite.

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

[Img #1941]Exigencia de clasificación
Cuando la ejecución de los contratos de servicios tenga un valor estimado igual o superior a los 120.000 euros, uno de los requisitos indispensables será que la empresa se encuentre debidamente clasificada.

Esta clasificación de las empresas se hace teniendo en cuenta su solvencia, y determina a qué contratos pueden presentarse en función de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividen en grupos generales y subgrupos, por razón de su naturaleza, y estos se desglosan a su vez en categorías, teniendo en consideración su cuantía.

En nuestro sector, los contratos pertenecen al Subgrupo U1 - Servicios de limpieza general (dentro del Grupo U - Servicios Generales), que incluye los trabajos de limpieza de edificios, locales, calles, viales, pistas, montes, jardines, playas y alcantarillas, siempre que no sean objeto de un contrato de gestión de servicio público.

Este subgrupo se divide en cuatro categorías: U1a (hasta 150.000 euros); U1b (desde 150.000 hasta 300.000 euros); U1c (desde 300.000 euros hasta 600.000 euros), y U1d (a partir de 600.000 euros).

Para solicitar la clasificación, hay que rellenar el formulario de solicitud correspondiente, que se puede obtener en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (www.minhap.gob.es) y aportar la documentación que se detalla en los formularios.

Estos documentos son los siguientes:

1. Solicitud de clasificación de la empresa, en la que se incluyen los datos de la compañía y los subgrupos en los que quiere clasificarse.

2. Acreditación de la personalidad jurídica y de la capacidad de obrar en las personas jurídicas.

3. Declaración responsable, por la cual la empresa asegura que no concurre alguna de las causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo 60 de la Ley (ver recuadro en la página 22), que se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y que dispone de unos determinados títulos y/o autorizaciones que le habilitan para realizar los trabajos de los subgrupos en que ha solicitado la clasificación.

4. En las solicitudes presentadas por personas jurídicas cuyo capital esté dividido en acciones o participaciones de carácter nominativo, se necesitará una declaración del Secretario del Consejo de Administración o del Administrador sobre la distribución del capital social y su titularidad.

5. Declaración sobre la composición y los integrantes de los órganos de Dirección y de Administración.

6. Justificación de la representación y del apoderamiento.

7. Para las sociedades, las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios presentados en el Registro Mercantil o en el correspondiente Registro oficial. Para los empresarios individuales, las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados. Si existe obligación formal, se presentarán las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondiente a los tres últimos años, y en defecto de alguna de estas declaraciones, las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

8. Volumen de negocio en los tres últimos ejercicios, tanto de la totalidad de la empresa como de las actividades para las que se solicita la clasificación; habrá que indicar las obligaciones contraídas que se han cumplido en esos tres años y las que se encuentran en ejecución.

9. Relaciones de personal técnico profesional, tanto con titulación universitaria como sin ella, vinculado a la ejecución de los contratos.

10. Declaración de los efectivos personales medios que ha tenido la empresa en los tres últimos años.

11. Relación de maquinaria, material y equipos a disposición de la empresa, en propiedad, en arrendamiento o en arrendamiento financiero, para la ejecución de las actividades de los subgrupos de clasificación solicitados.

12. Documentación que acredite la experiencia en la ejecución de trabajos relacionados con las actividades de los subgrupos de clasificación que se han solicitado.

Estos documentos se pueden presentar en cualquier Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, o en la sede de la Subdirección General de Clasificación de Contratistas, ubicada en la calle José Abascal, nº 4, de Madrid. Como alternativa, también existen formularios electrónicos para solicitar la clasificación telemática a través de internet
La Ley establece que para conservar la clasificación, tendrá que justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera, y, cada tres años, el de la solvencia técnica o profesional.

En el próximo número de Empresa & Limpieza, ampliaremos la información sobre los contratos públicos, centrándonos en las diferentes fases de una licitación pública, o en aspectos como los pliegos de condiciones, los criterios de valoración, el procedimiento que se sigue a la hora de adjudicar los contratos o su formalización, entre otros.

Prohibición de contratar
El artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que no podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, profesional o de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, o por infracción muy grave en materia medioambiental.

d) No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable o al facilitar datos relativos a su capacidad y solvencia.

f) Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las Administraciones públicas.

g) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación.

h) Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, y concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario.

i) Cuando, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

Estas son solo algunas de las principales prohibiciones para contratar con el sector público, que se pueden consultar íntegramente en el artículo 60 de la Ley.

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