Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies
E&L
Jueves, 14 de junio de 2012
Teresa M. Pitarch, directora de OSACP

"Es necesario adoptar medidas para promover la participación de las pymes en la contratación pública"

Guardar en Mis Noticias.

Teresa M. Pitarch, directora de la Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (OSACP), nos aporta más información sobre la licitación pública en Cataluña.

[Img #2019]¿Cuáles son los objetivos principales de la OSACP?
Se pueden resumir en cinco puntos:
- Fomentar el principio de la transparencia en la actividad contractual de los Departamentos y entes del sector público de la Generalitat de Catalunya.
- Garantizar el respeto al principio de la libre concurrencia, con la finalidad última de promover la competencia entre los licitadores.
- Impulsar y coordinar los sistemas electrónicos de la contratación pública como herramienta fundamental para articular la actividad contractual del sector público y como medio principal de relación entre las administraciones y las empresas licitadoras.
- Mejorar la eficacia y la eficiencia de la contratación pública de los Departamentos y entes del sector público, con la finalidad de optimizar la prestación de los servicios a la ciudadanía garantizando a la vez una mejor gestión de los recursos públicos.
- Finalmente, la Oficina viene realizando una importante función de seguimiento y evaluación de la contratación pública, mediante la cual persigue incrementar la transparencia. Esto deberá permitir la detección de los puntos a mejorar y, por lo tanto, contribuirá al diseño e implementación de medidas de mejora de los procesos contractuales.

En diciembre se aprobó el Código de Buenas Prácticas en la Contratación Pública del Servicio de Limpieza. ¿Cuáles son sus finalidades?
Fue acordado con la intención de proporcionar un catálogo de principios, ejemplos de actuaciones, orientaciones y pautas a seguir en la contratación pública del servicio de limpieza, dirigido a empresas y órganos de contratación.
Sus objetivos principales se centran en alcanzar un mayor nivel de calidad en la prestación del servicio; en la potenciación de la dignidad profesional de los trabajadores en este ámbito a través del cumplimiento de las normas fundamentales vinculadas al trabajo (convenio colectivo, normativa de prevención de riesgos laborales o conciliación de la vida laboral y familiar); conseguir la consolidación de un modelo de contratación encaminado, entre otros aspectos, al fomento y a la estabilidad en el trabajo, a la inserción de determinados colectivos o a la protección del medio ambiente, y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos a través de una mejor configuración de los pliegos, de la reducción de la carga administrativa a las empresas licitadoras en cuanto a la documentación a presentar, de propiciar la participación de las pymes dimensionando los lotes en los que se configura la prestación o potenciando el uso de sistema de información corporativos para que su acceso sea fácil y rápido.

¿Qué criterios tienen mayor peso en la adjudicación de contratos?
El órgano de contratación los determina en los pliegos de cláusulas administrativas con la finalidad de determinar aquella oferta económicamente más ventajosa en su conjunto. Para ello no se tiene en cuenta solo el precio ofertado, sino que pueden ponderarse otros factores, como la calidad, las condiciones de ejecución o el cumplimiento de criterios medioambientales, entre otros. Como suele decirse, a veces comprar barato puede salir caro. Por ello, aun cuando la actual situación de restricción del gasto público pudiera conducir a priorizar el precio, en determinados objetos contractuales, puede no ser la mejor opción para la Administración. Esta concepción ha determinado, por ejemplo, que la mencionada guía de buenas prácticas recomiende que el precio suponga como máximo un 70% de la valoración total y que tienda a acercarse al 51%.

¿Y qué peso tienen los criterios mediambientales?
La contratación pública debe contener criterios medioambientales. No solo porque así lo recomiendan las autoridades europeas, sino porque existe una creciente demanda social en tal sentido. Sensible a esta realidad, el Plan de Gobierno de la Generalitat para 2011-2014 reafirma la voluntad política de alcanzar unos niveles de ambientalización en la contratación pública equiparables a los países más avanzados de Europa. Con tal finalidad, la Generalitat ha elaborado unas guías para la ambientalización de una veintena de objetos contractuales frecuentes, y tiene constituida, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, una comisión específica para el seguimiento de la ambientalización en la contratación pública.

¿Quién valora las ofertas?
Como norma general, las ofertas económicas las valoran los miembros de la Mesa de Contratación de acuerdo a las puntuaciones asignadas a cada uno de los criterios de adjudicación. Cuando existan factores sujetos a valoración subjetiva, deberá constituirse con carácter obligatorio un Comité de Expertos, compuesto por un mínimo de tres miembros con la cualificación profesional adecuada, que asesorarán a la Mesa de contratación.

¿Qué medidas se han tomado o se prevén tomar para facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública?
Entre las líneas estratégicas de la OSACP destaca el fomento del acceso universal a la contratación pública, especialmente de aquellos agentes que han experimentado más dificultades, como las pymes. Su elevado peso en el global del tejido empresarial hace necesario adoptar medidas para promover su participación en la contratación pública. Desde la creación de la OSACP en enero del año pasado se ha mantenido un contacto permanente con los principales representantes del mundo empresarial de Cataluña y, de forma particular, con las entidades representativas de las pymes catalanas.
Por otra parte, la OSACP ha realizado un seguimiento detallado del cumplimiento de todas aquellas medidas que, de alguna manera, suponen la eliminación de cualquier obstáculo que dificulte la libre concurrencia de las pymes en las licitaciones públicas, como, por ejemplo, la supresión de la obligación de constituir garantías provisionales en las licitaciones públicas.
Finalmente, la OSACP ha promovido la constitución de una ponencia específica para la promoción de la concurrencia empresarial y la colaboración público-privada en la contratación pública, en el marco de un Grupo de Trabajo para el Impulso y la Mejora de los Procesos en materia de contratación pública. El objetivo de este grupo es proponer medidas para promover la concurrencia en las licitaciones, como la lotización de los contratos, la mejora de redacción de los pliegos, la inclusión de criterios de adjudicación que valoren la proximidad, la mejora de las garantías de los subcontratistas y el impulso de los medios electrónicos en la contratación pública.

¿Y para evitar la competencia desleal?
La función de supervisión de la OSACP comprende, entre otras cosas, la prevención y detección de todas aquellas prácticas que puedan obstaculizar la libre competencia mediante la constitución de acuerdos de reparto de mercado entre licitadores. Con la finalidad de sensibilizar a los órganos de contratación de la importancia de prevenir y, en caso de ser inevitables, detectar y erradicar este tipo de prácticas, la OSACP actúa en estrecha colaboración con la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), mediante reuniones periódicas de trabajo que darán su fruto en forma de informes, guías y otros documentos de utilidad para los Departamentos y entes del sector público. Ambos organismos han establecido un canal de comunicación permanente para garantizar una rápida actuación en caso de detectarse cualquier indicio de existencia de competencia desleal en la contratación pública. Además, la OSACP hace llegar recomendaciones a los órganos de contratación de los Departamentos a través del Comité Interdepartamental de la Contratación Pública y ha puesto a disposición de los Departamentos y entes del sector público diversos mecanismos para poder contactar en caso de duda o detección de conductas sospechosas por parte de los licitadores.

Una de las reclamaciones de las empresas es una mayor ampliación de los plazos de presentación de las ofertas. ¿Cree que es posible ampliar estos plazos?
En ocasiones, el procedimiento de licitación prevé unos plazos demasiado ajustados para los posibles licitadores. Es obvio que ello debería evitarse cuando sea posible y siempre que se trate de servicios permanentes en el tiempo y, por lo tanto, previsibles. En este sentido, un instrumento útil que ofrece la Plataforma de Servicios de Contratación Pública a los órganos de contratación es la posibilidad de publicar alertas anticipadas de futuras licitaciones, con lo cual se brinda a los licitadores una opción eficaz para preparar sus propuestas con tiempo suficiente para elaborarlas detenidamente.

En cuanto a la Ley de Morosidad, ¿qué compromiso existe desde la Administración para cumplir los pagos?
La agilización de los pagos es una de las cuestiones pendientes en materia de contratación. Esperamos que el Gobierno del Estado tome medidas para todas las Comunidades Autónomas que permitan, en general, avanzar hacia ese objetivo y, específicamente en el caso de Cataluña, que establezca las bases para una financiación acorde a sus necesidades y a los ingresos que genera. Por otra parte, internamente estamos considerando posibles medidas para que la prolongación de los pagos no conlleve consecuencias irreversibles para las empresas contratistas.

También puede interesarte:

Noticias relacionadas
Empresa & Limpieza • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress