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Miércoles, 6 de mayo de 2015
En la trasposición de la directiva comunitaria sobre contratación pública

Nuevo desprecio a la pyme

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Durante toda la legislatura el Gobierno y el partido que lo sustenta han venido repitiendo machaconamente la importancia de las PYMES en España y destacando su papel protagonista en la recuperación económica y en la creación de empleo. Los datos estadísticos que se vienen publicando en los últimos meses evidencian que efectivamente esto es cierto. Que el crecimiento del empleo, aunque todavía insuficiente, viene de la mano de las PYMES.

Siendo esto así, cabría esperar que el tan cacareado discurso oficial de apoyo a las PYMES fuese una realidad. Pero no. Los hechos lo desmienten una y otra vez. Dejando a un lado la llamada “Ley de Emprendedores” que pareciera sirve para todo. ¿Qué acciones de apoyo a las PYMES ha emprendido el Gobierno de España? La respuesta no admite dudas. NINGUNA.
 
Como hitos más significativos, recordemos el R.D. Ley 16/2013, de 10 de junio, por el cual, mediante el pretexto de la “estabilidad presupuestaria” incrementó notablemente las cotizaciones sociales; y la creación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, de la que ya hemos hablado en estas mismas páginas, y que está dificultando, cuando no impidiendo, el acceso de las PYMES a la contratación pública.
 
Estas medidas venían a abonar el terreno iniciado por el Gobierno anterior mediante el R.D. Ley 7/2011, de 10 de junio, por el que se modificó el artículo 87.3 del Estatuto de los Trabajadores para reconocer legitimidad en la negociación colectiva a las grandes empresas en detrimento de las PYMES, como si pretendiese acallar la voz de estas últimas. Medida que en nada contribuía a mejorar el mercado de trabajo como el la Ley decía pretender.
Pues bien, el pasado 17 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, mediante el cual se pretende trasponer a nuestro ordenamiento la Directiva Comunitaria 2014/24/UE, sobre contratación pública. De nuevo, y son tantas las ocasiones, que no cabe el error como explicación, no adopta ni una sola medida de apoyo a las PYMES.
 
Centrando nuestra atención en el artículo 99 del anteproyecto, se limita a reproducir la regla general prevista en la propia Directiva: “Cuando el órgano de contratación decida no dividir en lotes el objeto del contrato, deberá justificarlo debidamente en el expediente”, haciendo caso omiso de las previsiones contenidas en su artículo 46 apartados 1 y 4 por las que:
 
“Los Estados miembros pueden hacer una división en lotes obligatorias“ en las condiciones que se especifican de conformidad con su legislación nacional y respetando el Derecho de la Unión”. Como consecuencia de ello, una autoridad pública tiene la facilidad para dividir un contrato en lotes, sin importar el tamaño del contrato público. En caso de que no se divida el contrato en lotes, se debe explicar su decisión”.
 
Por su importancia, no podemos dejar de señalar que este anteproyecto afecta a todos los sectores que contratan con la administración pública, y que las PYMES representan el 99,88% de las empresas y dan ocupación al 63% del total de los trabajadores .
 
A nadie se le escapa que la no división en lotes, o el tamaño excesivamente grande de los mismos, constituyen una barrera de acceso a la licitación pública insalvable para las PYMES. Si a esto añadimos el clamoroso silencio que el anteproyecto de Ley guarda en relación con la agregación de distintas actividades en un mismo contrato, es obvio que la conjunción de ambas medidas propiciará macro contratos solo accesibles para los grandes grupos empresariales, con el efecto que tantas veces hemos denunciado: la reducción del número de operadores y con ello la disminución de la competencia, con la consiguiente pérdida de calidad en el servicio y el repunto de los costes a medio y largo plazo.
 
Para quién crea que los efectos que adelantamos son especulaciones sin ningún sustento, conviene recordarle que en los últimos meses han sido cinco las sanciones millonarias que la Comisión Nacional de la Competencia a impuesto a grandes empresas de otros tantos sectores, tan dispares como la telefonía, los hidrocarburos, lácteos o limpieza viaria. Esta última representada por las mismas grandes empresas que resultan favorecidas con la laxa y ambigua trasposición que se pretende de la Directiva.
 
En definitiva, es el propio Gobierno de España quién, paradójicamente, facilita la concentración de operadores y paralelamente abre el debate sobre las iniciativas a tomar para incrementar la competencia como recientemente ha hecho con el número de surtidores de combustible. Ahora bien, todo ello haciendo gala de la retórica que le caracteriza y salpicando el anteproyecto de referencias de protección y acceso a la PYME que no se concretan en ninguno de los 339 artículos que componen el anteproyecto aprobado.
 
¡Menos retórica y más apoyo y protección a la PYME! 
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