AFELÍN advierte de los perjuicios de la centralización de compras

Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (AFELÍN) ha expresado el extraordinario perjuicio que supone para las pymes del sector la centralización de la contratación de servicios de limpieza. La Federación ha puesto de manifiesto que es completamente falso que esta centralización provoque ahorros a la Administración Pública, ya que en sectores como el de la limpieza, donde existe la subrogación de personal, no se crean economías de escala. En este sentido, advierte que la disminución de los costes solo puede derivarse de una reducción del servicio basado en una descenso de horas de trabajo y, por lo tanto, de puestos de trabajo.

REUNIONES

Ante la creación de la “Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación” y de la Subdirección General en el ámbito de la limpieza, AFELÍN, que cuenta con la representatividad del sector de la limpieza, ha transmitido las inquietudes y el desamparo en el que se encuentran las pymes españolas en varias reuniones mantenidas con María Luisa Lamela, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación; Jesús Mª Terciado Valls, presidente de CEPYME, y Manuel Valle Muñoz, director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, haciéndoles llegar las siguientes consideraciones:

- Que estamos de acuerdo y apoyamos a la Administración Pública en la búsqueda de una mayor racionalización y optimización de los recursos públicos, para lo cual ofrecemos toda nuestra experiencia y la máxima colaboración para conseguir esos objetivos.

- Que un exceso de concentración y elevados volúmenes en los contratos de limpieza restringe la competencia, perjudica a las pymes, y no se obtiene una disminución en los costes ni mejora en el servicio por el hecho del mayor volumen de contratación, como se puede demostrar con datos objetivos.

De hecho, según un estudio presentado en el Observatorio Estatal de Limpieza (compuesto por los agentes sociales UGT, CCOO, ASPEL y AFELÍN), la mejora económica en las licitaciones públicas en contratos donde solo pueden acceder empresas muy grandes ha sido de una reducción media del 13,44% sobre el precio de licitación. En cambio, en los contratos donde han podido acceder y se han adjudicado a pymes, la reducción ha sido de un 15,56%. Es decir, cuando aumenta la competencia, la administración pública obtiene mejores resultados.

También es importante resaltar que la Comisión Europea, en el “Small Business Act” y su posterior desarrollo en Directiva Europea, pone de manifiesto que las pymes se consideran la espina dorsal de la Unión Europea, por lo que es necesario abrir el mercado de la contratación pública a todos los operadores económicos, con independencia de su tamaño.

Desde el punto de vista de AFELÍN, para que la Administración Pública pueda racionalizar y optimizar los servicios que recibe debe:

1) Establecer licitaciones en lotes accesibles al mayor número de operadores posible, teniendo en cuenta la estructura empresarial de España (99,9% de pymes), y con importes de licitación racionales a tenor del volumen medio de negocio de una pyme española. Estos lotes no deben ser ni demasiado grandes, donde se restrinja la competencia, ni demasiado pequeños, que dificulten su gestión y operatividad.

2) No concentrar servicios que no estén vinculados ni aporten valor añadido a la prestación del servicio, como, por ejemplo, la seguridad, servicio de centralita telefónica, lavandería, jardinería, limpieza, mantenimiento de equipos de edificios y servicios de desinfección y exterminio. Esto solo volvería a restringir la competencia, favoreciendo a un número pequeño de empresas muy grandes en perjuicio de la mayoría de empresas del sector, lo que conlleva, fundamentalmente, reducción de horas de trabajo y, consecuentemente, precarización y destrucción de empleo.

En la reunión mantenida con María Luisa Lamela, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación, realizó una exposición de sus actuaciones y sus consideraciones respecto al acceso de las pymes a la contratación pública de la Administración General del Estado, indicando que las agrupaciones serán por zonas, independientemente de los Ministerios a los que afecte. La duración de los contratos será de 2 años más uno de prórroga, se limitará el número de lotes de adjudicación a una misma empresa y no se convocarán licitaciones con multiservicios.

En las reuniones mantenidas con Jesús Mª Terciado, presidente de CEPYME, y con Manuel Valle Muñoz, director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, ambos coincidieron en que uno de los objetivos de la nueva Directiva ha de ser la de facilitar y mejorar el acceso de la pyme a la contratación pública, y en que se va a conseguir, sin duda, que las Administraciones públicas consigan mejores precios y también aprovechar al máximo el potencial de creación de empleo, crecimiento e innovación de las pequeñas y medianas empresas.

Las asociaciones provinciales que integran AFELÍN, como, por ejemplo, AELMA, AELPO y ASCEN, también han expresado a través de sus propios comunicados su rechazo a esta centralización de compras por parte del Estado.