La caída de la contratación pública y los retrasos en el cobro amenazan a las empresas de limpieza

Según ambas organizaciones, las empresas de limpieza en España sufren un retraso de hasta ocho meses en el cobro de sus facturas con los organismos públicos. El Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos han aumentado el plazo durante el último año, pasando de los 108 días a los 243 aprovechando la incertidumbre electoral que reinó el país durante 2016.

De hecho, de media son hasta ocho meses los que las distintas compañías han de esperar hasta recibir el cobro por sus servicios, un tiempo crítico y que pone en peligro muchos puestos de empleo.

Según declaraciones de Juan Díez de los Ríos, presidente de Aspel, “el cobro de las facturas se relajó el pasado año por efecto principalmente de las elecciones. Las administraciones públicas guardan siempre las facturas en el cajón ante la incertidumbre electoral”.

Así, según los últimos datos que ha publicado la Asociación profesional de empresas de limpieza, la deuda de las comunidades autónomas es la más grande, con algo más de 240 millones de euros.   Tras ellas, los ayuntamientos adeudan la nada desdeñable cifra de 167 millones de euros, tardando una media de 168 días en lleva a cabo el abono. En último lugar, el Estado tiene pendientes alrededor de 108 millones de euros que suele liquidar en 108 días.

Reducción de beneficios
Pero no se trata del único problema que afecta a las empresas de limpieza en España. Otras amenazas son la fuerte caída que se ha sufrido en la contratación pública, así como los ínfimos precios de licitación que obligan a la mayoría de las compañías a trabajar casi a precio de coste.

Todo esto desemboca en una drástica reducción de los resultados de explotación y de beneficios. Así, la mayoría de empresas de limpieza españolas han sufrido un recorte de sus beneficios, que se sitúa de media del 12% al 5%.