Nueve personas procesadas por las ayudas de los ERE para finiquitar la huelga de limpieza de 2006 en Granada

El juez José Ignacio Vilaplana ha dictado un auto por el que continúa como procedimiento abreviado la causa abierta contra nueve personas -entre las que se encuentran el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada Luis Manuel Rubiales y una representante de CCOO-A- en una pieza separada que investiga «la presunta ilicitud» de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta a las entidades Cespa y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) entre los años 2006 y 2007 «a fin de solventar el conflicto laboral que venían manteniendo con los trabajadores del sector de la limpieza pública de la provincia granadina, ayudas instrumentalizadas a través de la financiación de distintas pólizas de seguro».

En este auto, el magistrado decreta la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado contra un total de nueve personas al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Los investigados son el exdelegado de Empleo de la Junta en Granada y exalcalde de Motril Luis Manuel Rubiales -padre del actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales; una representante del sindicato CCOO-A; el presidente y un vocal de la patronal Aselip (Asociación de Empresas de Limpiezas Pública); los responsables de relaciones laborales de las empresas concesionarias Cespa y FCC; el vocal y director de Recursos Humanos de Cespa; un vocal y directivo de FCC, y un exdirectivo de la entidad Vitalia Vida.

Vilaplana, al frente de la investigación de macrocausas como los ERE, Faffe o formación tras la baja de la juez Núñez, cuya actuación está siendo analizada por el Consejo General del Poder Judicial tras una denuncia de los fiscales anticorrupción de Sevilla, explica en su auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, pues ya han sido juzgados por estos hechos en la pieza del procedimiento específico, de la que ya se espera sentencia. El juez sigue el criterio marcado por la Sección Séptima para evitar el doble enjuiciamiento de los ex altos cargos socialistas en los ERE.

En el auto, fechado el día 30 de octubre, el magistrado explica que las ayudas investigadas en esta pieza separada, «aún tratándose de subvenciones directas a empresas, paradójicamente se instrumentaron mediante la suscripción de pólizas de seguros, cuyo asegurado normalmente habría de ser una persona física y el beneficiario la empresa subvencionada».

«Pagos cruzados»
Según expone el juez, estas ayudas y subvenciones públicas se habrían materializado a través del llamado sistema de «pagos cruzados», mediante el cual los fondos asignados inicialmente a la cobertura de una póliza concreta se aplican después por la Administración pública al pago de otra póliza distinta de la misma empresa o de una empresa diferente, e incluso de otra aseguradora distinta, añadiendo que los desembolsos de dinero público, del que se desviaron los fondos para esos pagos cruzados, provenían de otras ayudas otorgadas con cargo al programa presupuestario 31L, sin sumisión a procedimiento legal alguno y bajo la cobertura del convenio marco de colaboración suscrito el 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) «como medio para eludir controles legales».

En este punto, el magistrado subraya que las subvenciones concedidas a través «del irregular sistema de pagos cruzados, además de haberse llevado a cabo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para su concesión, presentan la particularidad de que su materialización habría de resultar especialmente opaca», de modo que dichos desembolsos, así realizados, no tienen reflejo ni en la contabilidad de IFA-IDEA ni en la de la Consejería de Empleo, por lo que su existencia solo puede detectarse en el análisis concreto de cada expediente, como es el caso.

El instructor concluye señalando que las ayudas otorgadas «se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad, concediéndose» por el director general de Trabajo «sin competencia para ello, sin resolución motivada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención y sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la ayuda, abonándose la misma con cargo a un concepto presupuestario inadecuado, sin control administrativo ni financiero (en especial por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía)».

A ello se suma, según el juez, que «no se habría seguido el procedimiento exigido por la Ley de Contratos del Estado para la selección de la entidad aseguradora ni de la entidad mediadora de las pólizas concertadas como instrumento de materialización de las ayudas».

«De igual modo es irregular que las subvenciones y ayudas se concedieran por la Junta sin llevar a cabo algún tipo de análisis económico que permitiera comprobar si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que las empresas Cespa y FCC no tuvieran capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a los compromisos asumidos» por el director general de Trabajo ante los trabajadores para terminar con la huelga de limpieza en la provincia.

FUENTE: ABC