¿La contratación pública es un ejemplo de calidad laboral para los más vulnerables?

2023 se presenta con importantes desafíos económicos y políticos que tendrán un gran impacto sobre el futuro inmediato de las empresas de limpieza. El más importante, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que unido a la inflación y al incremento de cotizaciones sociales (subida de medio punto desde el 1 de enero), deja en una situación muy complicada a muchas empresas, donde los costes descansan fundamentalmente sobre la mano de obra (alrededor del 90% del gasto total que genera la prestación del servicio).

Para hacer frente a estas problemáticas, AFELÍN y ASPEL llevan meses reclamando al Gobierno de forma conjunta que reforme la Ley de Desindexación de la Economía y la Ley de Contratos de Sector Público en el sector servicios, para que no se desequilibren los contratos en ejecución por incrementos de salarios de convenios sectoriales, IPC o SMI. Con esta reforma las empresas podrían repercutir las subidas del salario mínimo en los contratos de limpieza actualmente en ejecución; y podrían seguir prestando unos servicios de calidad a las administraciones públicas, sin poner en peligro la estabilidad de miles de trabajadores.

Desde las dos patronales se han enviado sendas misivas a los partidos de la oposición con representación en el Congreso para denunciar que la Administración se está reservando el blindaje por ley que impide la aplicación de cualquier alza de coste laboral sin intervención del sector (cotizaciones, IPC o SMI) en la contratación pública, incluyendo la negativa a la revisión de precios de contratos plurianuales vigentes por motivos imprevisibles.

El hecho de que las empresas continúen prestando el servicio de forma obligatoria (incluyendo prórrogas) sin recibir a cambio ningún tipo de compensación por todos estos costes sobrevenidos, está acarreando unas pérdidas que van a poner en serio peligro la continuidad de la actividad en miles de contratas de limpieza de espacios y edificios públicos.

En nuestro país, más de 570.000 personas trabajan en alguna de las cerca de 36.000 empresas (pymes en su mayoría) que conforman el sector. Esta es una industria que también ocupa a personas con dificultades de inclusividad en el mundo laboral y a las que hay que proteger de forma especial. Toda la doctrina de la UE insiste en que la contratación pública no es sólo un medio para proveer de bienes y servicios a la Administración sino un potente inductor para la consecución de otras finalidades sociales, como la calidad en el empleo para las personas más vulnerables. 

En otros países de nuestro entorno europeo, como Francia o Portugal, ya se ha tomado la dirección adecuada para corregir este efecto de la coyuntura en las contratas. Es hora ya que España reaccione y siga el ejemplo de sus vecinos europeos.