David contra Goliat en el sector químico

“La inmensa carga legal que sufre la industria química se debe, en gran parte, por la presión de las multinacionales, que les interesa eliminar la competencia de las empresas pequeñas ahogándolas con la burocracia. Se trata de una estrategia apoyada directamente por FEIQUE y por la gran distribución”

Desde hace muchos años los pequeños fabricantes del sector de los desinfectantes vienen quejándose de la ingente carga legal que supone tener que registrar sus instalaciones y productos en España.Para los no entendidos, expondremos que el alta en el ROESB o ROESBA (Registro Oficial de Establecimientos y Servicio Biocidas) no existe en la mayoría de los países de nuestro entorno (o en ninguno, pero no nos atrevemos a ser tan tajantes). Sin embargo en España, hoy día, sin la inscripción en ese registro no se puede comercializar ni una simple lejía. Es la autorización para distribuir, aplicar o fabricar desinfectantes.

También para los no entendidos, exponemos que tranquilamente se puede traer un cosmético de otro país de la UE, que haya sido comunicado al Portal europeo y cuente con una etiqueta en español, sin necesidad de autorizar para nada las instalaciones ni tener un técnico responsable que firme la liberación de cada lote de producto, como sí debe hacer cualquier empresa española como requisito insoslayable.

Para más avezados, diremos que, por ejemplo, Alemania, que prácticamente analiza todo alimento que entra en su país, sin embargo, para comercializar un desinfectante durante décadas tan solo ha habido que hacer (gratis) una comunicación a las autoridades sanitarias mientras que aquí (también desde hace décadas) se precisa un expediente que tarda ¡dos años! en aprobarse como mínimo y cuesta, solo en tasas y ensayos cerca de 5.000 euros.

Los antisépticos para piel sana, que es como se conoce en España el, ahora ya famoso, gel hidroalcohólico, precisan aquí para su comercialización una autorización previa de la industria que lo fabrica, que tarda casi dos años en producirse y posteriormente una autorización del propio producto que tarda otro año más. ¡De locura!

¿Por qué esta ingente carga legal?
Pues eso sería muy largo de razonar, pero por resumir, apunto a que a las grandes empresas fabricantes y distribuidoras del sector, que en su mayor parte son multinacionales, nunca les interesó tener competencia de empresas con estructuras de costes mucho menores que las suyas. Además, esa postura se ha visto apoyada por la gran federación de la industria química española, FEIQUE, y por las principales asociaciones que acogen a estas empresas y que están controladas, ¡y de qué manera! por los grandes fabricantes, y lo que es peor, por la gran distribución, baste ver la composición de sus órganos de administración. Si a eso además unimos el lobby químico de Bruselas, controlado por las multinacionales fabricantes de productos químicos, la repercusión en nuestro país ha sido esta, al no saber la Administración en los últimos 30 años zafarse de la pinza impuesta por ambos poderes fácticos.

Por poner algún ejemplo más, esta maraña legal sin sentido, trata a una simple lejía igual que al más complejo de los desinfectantes; o un simple gel de baño de los que valen menos de un euro el litro en cualquier gran superficie, como a cualquier crema de tratamiento hipoalergénica; y a un alcohol de 96 grados para curar heridas (para el que solo se necesita llenar las botellas) o a un gel hidroalcohólico para desinfección de manos, como a cualquier desinfectante utilizado en quirófanos para controlar las más rebeldes y letales enfermedades infecciosas.

“Es una vergüenza que no se renueven las autorizaciones excepcionales para la comercialización de geles hidroalcohólicos: a partir del 22 de septiembre se prohibirá la venta de miles de productos que están en stock y que durante la pandemia lograron parar el contagio de la Covid. Otra jugada de las grandes del sector, pero esta vez no les saldrá bien”

Autorizaciones excepcionales por la pandemia no renovadas, ¿presión de las grandes empresas?
Con motivo de la pandemia reciente, nuestro Ministerio de Sanidad, espoleado por los consumidores y por alguna asociación de fabricantes conscientes del desabastecimiento de productos desinfectantes que había en el mercado (¿o ya no nos acordamos de cuando no había gel hidroalcohólico y se racionaba su venta?), arbitró una forma de abastecimiento que se basó en la concesión de autorizaciones excepcionales para la comercialización de determinados productos con una fórmula ensayada y validada por la propia Organización Mundial de la Salud. 

Estas autorizaciones excepcionales permitieron a más de 100 empresas abastecer al mercado con geles hidroalcohólicos, salvando a decenas o centenares de miles, cuando no millones, de personas directamente del contagio de la Covid19. Ahora, el Ministerio de Sanidad ha decidido no renovar dichas autorizaciones a partir del 22 de septiembre de 2023.

Estas empresas siguen comercializando hoy día dicho producto ya que el consumo de desinfectantes sigue siendo muy superior al de 2019 y ello molesta a las más grandes, que son quienes presionan al Gobierno de España para tomar estas decisiones de cancelación de autorizaciones, porque su avaricia y necesidad de mercado es ilimitada.

No solo se cancela la autorización excepcional.Como consecuencia de ello, se prohíbe la venta de los stocks que hay en las fábricas que los producen y, en seis meses, incluso el que hay en los establecimientos de venta. Por tanto, el producto que tantas vidas salvó en pandemia, pasa a ser directamente un producto ilegal y su comercialización “un delito para la salud pública” que es del que se acusa a quienes comercializan productos biocidas no autorizados en España.

Se pierde con ello un mercado que costó de crear, el conocimiento aportado para la puesta en marcha de instalaciones, la maquinaria y el know how que introdujo en estas empresas. Por no decir las materias primas, producto terminado, envases y etiquetas que habrá que destruir, solo porque los grandes de siempre, siguen presionando al Ministerio con esta prohibición.

Para concluir, diremos, que en colmo de la hipocresía gubernamental y el fariseísmo de los grandes del sector sobre el sistema que soportamos, las empresas afectadas tienen presentado a registro este producto según la nueva normativa europea desde diciembre de 2021, siendo el plazo para resolver estos expedientes de un año, que ya ha vencido y que por tanto obra en el tejado de la administración la posibilidad de la autorización definitiva de estos productos que ahora quiere eliminar del mercado en favor de ciertos intereses no declarados públicamente pero que el sector bien conoce.

Quimeltia contraataca
Me gustaría poder decir que esta vez han mordido en piedra porque no nos vamos a conformar. Desde Quimeltia acabamos de solicitar una reunión a la Ministra de Sanidad sobre este tema, y si el ruido electoral no lo impide, intentaremos una reversión de esta decisión. De no conseguirse avances, presentaremos denuncia contra la misma ante la justicia contencioso-administrativa y ante la UE y que no acabemos con una manifestación de Ceos de empresas afectadas ante el Ministerio durante el próximo mes de septiembre.