El sector de los servicios esenciales pacta una defensa conjunta de la modificación de la ‘Ley de Contratos del Sector Público’

AlianzAS, confederación que defiende los intereses del sector de los servicios esenciales, y las organizaciones sindicales UGT-Servicios Públicos y Comisiones Obreras del Hábitat, han firmado un documento por el que instan una revisión de precios en la Contratación Pública de servicios, a través del cual asociaciones empresariales del sector y sindicatos se comprometen a defender de forma conjunta y coordinada ante la Administración Central y grupos parlamentarios la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
 

En la actualidad, la Ley de Desindexación, aprobada en 2015 e incorporada a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017, imposibilita la revisión de precios de una licitación pública, independientemente, en el caso de los servicios esenciales, de los factores que incrementan los costes de toda la cadena de valor, ya sean en relación a materias primas, energía o de carácter laboral.

Asimismo, la actual legislación permite incluso que contratos firmados en el pasado se puedan prorrogar unilateralmente por parte de la Administración, sin tener en cuenta las nuevas circunstancias de encarecimiento de precios o legislación laboral. A esto se suma otra problemática derivada que impacta en las propias administraciones a la hora de prestar el servicio público a los ciudadanos, y es el elevado número de concursos que quedan desiertos ante la falta de concurrencia. Según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), estos pasaron del 18% en 2019 al 29% en 2022, una tendencia que se vio amortiguada en 2023 debido al gran número de licitaciones relacionadas con los fondos europeos.

El estrangulamiento financiero que sufren las empresas prestatarias de servicios esenciales les impide a su vez abordar mejoras salariales y de las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Una realidad que ha llevado a 9 asociaciones empresariales aglutinadas en alianzAS (entre ellas AFELÍN y ASPEL), y que generan 1,2 millones de empleos, y a las organizaciones sindicales a firmar este pacto de colaboración y defensa conjunta del sector, que pasaría por la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.

“La modificación de la ley para conseguir la sostenibilidad financiera de los servicios y mejorar gracias a ello las condiciones laborales de los trabajadores es un gran objetivo compartido entre empresarios y sindicatos del sector, de ahí este pacto que pensamos que nos hará ganar fuerza para alcanzar el objetivo”, afirma Javier Sigüenza, Secretario General de alianzAS.

Adicionalmente, alianzAS y las organizaciones sindicales denuncian un agravio comparativo con respecto a otros, como el de obra pública, donde sí se ha producido un diálogo que ha posibilitado la revisión de precios.