Redacción | 493 1
Viernes, 07 de Febrero de 2025
Por Pedro Rodríguez, Presidente fundador de Quimeltia (impulsora Scrap Punto Greta)

Alguien tenía que decirlo

La reciente aplicación de la Ley 7/2022 y el Real Decreto 1055/2022 sobre residuos de envases que entró en vigor el pasado 1 de enero, que obliga -por fin- a los diferentes SCRAP’s a publicar sus tarifas y hacer públicas sus diferentes operativas, ha supuesto un elemento de sorpresa con el que parece que solo contaban algunos de estos SCRAP’s, que al amparo de dicha legislación parecían que venían a solucionar algo del problema que para todos suponen los residuos, pero que -sorprendentemente- no va a solucionar absolutamente nada, salvo que el Ministerio de Transición Ecológica tome medidas a la vista de lo que va a ocurrir si se continúa por este camino, al menos en lo que al sector limpieza e Industrias agroalimentarias concierne. Lo explicamos en este artículo.

 

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La Ley sobre la gestión de los residuos de envases que obliga a los SCRAP’s a publicar sus tarifas y operativas entró en vigor el pasado 1 de enero con polémica incluida, ya que -una vez más- se intenta imponer la hegemonía de las grandes empresas sobre las pequeñas

 

 

El espíritu de la Ley, basándose en el principio que todos creo que compartimos de “quién contamina paga”, establece que son los productores de producto quien, organizados en SCRAP’s en nuestro caso, deben financiar las obligaciones que se establecen a residuos de envases comerciales e industriales, traspasando después este coste en sus facturas al consumidor final a través de su cadena de distribución y venta. Esto puede ser cuestionable, y para nosotros lo es. Pensamos que hubiera sido mejor poner el acento en quiénes fabrican envases, pero por lo visto los lobbyes del envase han funcionado mejor que los del sector químico.

 

La sorpresa ha venido cuando los principales SCRAP’s, por años de implantación y número de afiliados publicado, han venido a establecer un sistema para que nada cambie salvo los flujos de dinero y, ya veremos, si los flujos de información. En el mejor de los casos, se crean algunas estructuras, supuestamente para abrir el mercado y que este sea más transparente, que lo que van a hacer es encarecer lo que ya se estaba haciendo, sin aportar absolutamente nada nuevo más. Y lo que es más grave, la operativa propuesta de acuerdos entre los establecimientos poseedores de residuos y los gestores, a cargo de aquellos, no mejora absolutamente nada los aspectos medioambientales del tema.

 

Desde QUIMELTIA queremos denunciar públicamente esta situación y pedir a los establecimientos, poseedores finales de los envases vacíos (industrias y comercios) objeto de esta legislación, que se nieguen a caer en la situación que se les plantea por parte de sus proveedores y de ciertos SCRAP’s de que, sí o sí, tienen que financiar ellos la recogida de envases vacíos contratando un gestor a su cargo para que éste después pase (o no) la información de mejor o peor manera al SCRAP, cumpla (o no) este gestor con sus obligaciones legales, y en definitiva sea el establecimiento quién pague lo que la Ley obligaba a ser financiado desde los productores de producto sin, además, poder controlar nada de la operativa. Es absolutamente irracional.

 

[Img #7571]

 

 

Es cierto que la Ley establece que los poseedores pueden colaborar y acordar con los productores de producto compartir la carga financiera y operativa del sistema, pero lo que consigue poniendo el foco en acuerdos con los poseedores finales como se ha planteado, no es más que una imposición -otra más- del grande sobre el pequeño, de la gran empresa sobre la micropyme y de las grandes oligarquías de este país sobre los autónomos y pequeños empresarios, que cada vez están más cerca de la pobreza que de la clase media, merced a prácticas como esta, por otra parte, tan habituales en la sociedad actual, trasladando la necesidad de repercutir el coste al consumidor, que al final es quién contamina, a estos establecimientos, poseedores finales de los residuos, metiéndoles en una estructura que no pueden soportar y que no formaba parte del espíritu de la Ley dado lo incongruente que supone. Como digo, hablo de un sector concreto, no de todos y sobre todo, para nada del sector doméstico, donde los parámetros son absolutamente diferentes.

 

Podría parecer que QUIMELTIA con esta denuncia defiende a los poseedores finales, en su mayoría clientes de nuestros asociados, antes que, a sus propios asociados, pero no es así, esa sería una visión con muy poca visión, valga la redundancia, de este complejo tema. Pensamos que defendiendo al cliente del asociado a QUIMELTIA frente a la gran industria y frente a interpretaciones torticeras de la legislación, también cumplimos con nuestro papel de poner voz a las empresas que no la tienen en ninguno de los foros y asociaciones habituales. 

 

Con poseedores finales más fuertes, más informados y que no sufran el desprecio a su actividad por las operativas creadas, también se hace grande a la pequeña industria. Y en eso estamos.

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  • Carllos Gutiérrez

    Carllos Gutiérrez | Viernes, 14 de Febrero de 2025 a las 17:31:06 horas

    Hay una cosa que no se mencionado, la mayor parte de los municipios obligan a las empresas que utilizan plásticos a pagar un recargo para su recogida y ahora les imponen otro impuesto desde las suministradores. ¿Cuantas veces hay que pagar su reciclaje?

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