La lotificación como llave de acceso de las pymes a la contratación pública 

La contratación pública de servicios de limpieza está viviendo una etapa de transformación en España. La propia Ley de Contratos del Sector Público establece que, siempre que sea posible, los contratos deben dividirse en lotes para favorecer la concurrencia y facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la aplicación real de este principio ha sido hasta ahora desigual según territorios y órganos de contratación. En este contexto, el reciente acuerdo marco firmado en la Comunitat Valenciana para los servicios de limpieza pública marca un punto de inflexión y se sitúa como referencia para el conjunto del país.

La obligatoriedad de estructurar los contratos en lotes constituye el avance más significativo para las pymes. Durante años, la dimensión económica de los grandes contratos públicos ha actuado como una barrera de entrada difícil de superar para muchas empresas locales y regionales. La división en lotes cambia este escenario: permite que cada empresa concurra a contratos ajustados a su capacidad operativa, fomenta una competencia real y evita la concentración de adjudicaciones en manos de unos pocos grandes operadores. Es, en definitiva, una herramienta de democratización del mercado público.

Un nuevo acuerdo marco para las licitaciones de limpieza en la Comunitat Valenciana obliga a dividir los contratos en lotes, un paso más para consolidar esta histórica demanda del sector

No se trata, además, de una medida aislada. En otras comunidades autónomas y administraciones locales ya encontramos licitaciones de limpieza y servicios afines estructuradas en lotes, especialmente en ámbitos educativos, administrativos o municipales. Estos ejemplos demuestran que la lotificación no solo es viable, sino que aporta dinamismo, proximidad en la prestación del servicio y una mayor diversidad empresarial. La Comunitat Valenciana da ahora un paso más al consolidar esta práctica en un acuerdo marco estable y homogéneo, dotándola de seguridad jurídica y continuidad (más info en la página 10).

Junto a la apertura a las pymes, el acuerdo introduce mejoras orientadas a la eficiencia del servicio. La homogeneización de criterios técnicos, de control y de evaluación permitirá una prestación más transparente, profesional y de mayor calidad. Para las empresas, supone trabajar en un marco claro y previsible; para la administración y la ciudadanía, una mayor garantía de buen uso de los recursos públicos.

Especial mención merecen también los criterios sociales y de sostenibilidad incorporados. La promoción de la igualdad, la inclusión laboral de colectivos vulnerables y el uso de productos y procesos respetuosos con el medio ambiente sitúan a la limpieza pública en la senda de la contratación responsable. Las pymes del sector, por su cercanía al territorio y su flexibilidad, están especialmente bien posicionadas para asumir este modelo.

Este acuerdo marco representa, por tanto, una oportunidad histórica. Una oportunidad para que las pymes del sector refuercen su presencia en la contratación pública, para mejorar la calidad de los servicios y para construir un mercado más justo, competitivo y sostenible. Desde nuestra patronal, celebramos este paso adelante y confiamos en que marque el camino para otras administraciones.