"La hiperregulación genera costes y pérdida de competitividad para las empresas de limpieza"

La contratación pública, la falta de personal, el absentismo laboral y el incremento de los costes empresariales dibujan un escenario cada vez más complejo para las empresas de limpieza. Al frente de ASCEN, la patronal catalana del sector, Oriol Burgès trabaja para reforzar la representatividad de la asociación, mejorar los servicios que ofrece a sus asociados y defender un marco de contratación que permita garantizar la viabilidad de las empresas, especialmente de las pymes. En esta entrevista, analiza los principales desafíos del sector y explica las líneas de trabajo de la organización.

Oriol Burgès ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito de las relaciones institucionales, la estrategia y la representación de intereses colectivos. Antes de incorporarse a ASCEN en noviembre de 2025, formó parte de la estructura directiva de la patronal de autoescuelas (CNAE), donde participó en iniciativas de ámbito nacional y en la defensa de los intereses del sector, con especial atención a la formación continua de los conductores.

Previamente inició su carrera profesional en el ámbito institucional y parlamentario, una experiencia en el funcionamiento de las instituciones y en la interlocución con los poderes públicos que constituye una de las bases de su actual tarea al frente de ASCEN, desde donde trabaja para reforzar la voz de las empresas de limpieza catalanas y ampliar los servicios y oportunidades que la asociación ofrece a sus miembros.

ASCEN ha renovado recientemente su identidad corporativa. ¿Qué objetivos persigue la asociación con esta nueva etapa?

Uno de los aspectos en los que estamos trabajando es en mejorar tanto la comunicación externa como la interna. ASCEN desarrolla una actividad muy intensa en defensa de los intereses del sector, pero no siempre conseguimos que todo ese trabajo llegue a nuestros asociados. Por eso estamos intentando calibrar mejor los mensajes y aprovechar también los canales de otras organizaciones con las que colaboramos, como PIMEC, ACEDE o AFELÍN.

Otras líneas de trabajo importantes son mejorar el acceso de las pymes a la contratación pública y combatir el absentismo laboral, la falta de personal y la hiperregulación que afecta a las empresas. Nuestro objetivo es que los asociados conozcan mejor el trabajo que hacemos y que ASCEN sea una herramienta útil para ellos.

Más allá de la representación institucional, ¿qué servicios está desarrollando ASCEN para aportar un beneficio directo a sus asociados?

Estamos intentando que la asociación no sea solamente un espacio de representación, sino también un lugar desde el que las empresas puedan obtener servicios y soluciones concretas. Un ejemplo es el canal de compraventa de empresas y carteras de clientes que hemos puesto en marcha este 2026. Con esta plataforma queremos ofrecer un espacio para que estas operaciones puedan realizarse con mayor facilidad.

También estamos desarrollando una estrategia de acuerdos con otras entidades y empresas, con el objetivo de conseguir condiciones ventajosas para nuestros asociados. Entre ellas, quiero destacar el reciente acuerdo alcanzado con Quirónprevención en materia de prevención de Riesgos Laborales y con Lleida.net para facilitar a nuestros asociados servicios de firma electrónica certificada en condiciones beneficiosas. Queremos seguir ampliando este tipo de acuerdos para que formar parte de ASCEN aporte cada vez más valor a nuestras empresas asociadas y se traduzca en beneficios tangibles para ellas.

La falta de personal es uno de los problemas recurrentes del sector. ¿Qué iniciativas está impulsando ASCEN para facilitar la contratación de trabajadores?

Estamos trabajando en la creación de una bolsa de trabajo que permita a las empresas encontrar perfiles que se ajusten realmente a sus necesidades. No se trata simplemente de acumular currículums. Queremos que las empresas puedan filtrar los candidatos según su experiencia, especialidad, disponibilidad de permiso de conducir y municipio en el que buscan trabajar.

También estamos estudiando cómo colaborar con el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) para derivar candidatos y ampliar la bolsa de trabajo mediante sistemas de filtrado más automatizados. Uno de los problemas que nos encontramos actualmente es que, cuando las empresas recurren a determinados servicios de intermediación, a veces reciben perfiles que no se ajustan a lo que necesitan. Hay candidatos sin experiencia o que ni siquiera están buscando realmente un empleo. Lo que queremos es mejorar ese proceso y que las empresas puedan acceder a perfiles más adecuados, reduciendo el tiempo y los recursos que dedican a buscar trabajadores.

¿La escasez de trabajadores responde principalmente a las condiciones laborales del sector o a un problema más generalizado del mercado de trabajo?

Es un problema estructural que afecta a muchos sectores, no únicamente al de la limpieza. Hay una dificultad generalizada para encontrar trabajadores y eso se nota especialmente en determinadas épocas del año, como el verano, cuando también entran en juego las necesidades de conciliación. Pero hay un elemento que no podemos obviar: el diseño de determinadas ayudas públicas puede estar desincentivando la búsqueda activa de empleo. Una ayuda debe cumplir su función, que es permitir a una persona o a una familia superar una situación difícil y volver al mercado de trabajo.

El problema aparece cuando esa ayuda deja de ser un puente y se convierte en una situación permanente. Es un debate que hay que abordar sin prejuicios y con datos, porque la realidad es que las empresas necesitan trabajadores y tenemos que encontrar fórmulas para facilitar esa incorporación.

El sistema es excesivamente proteccionista con las bajas laborales, lo cual está dando alas al absentismo fraudulento. Para combatirlo, necesitamos una colaboración real entre el sistema público y las mutuas.

La contratación pública representa una parte fundamental de la facturación de las empresas de limpieza. ¿Qué dificultades encuentran actualmente las pymes para acceder a estos contratos?

La contratación pública representa aproximadamente el 50% de la facturación del sector. Sin embargo, muchas pymes no quieren ni oír hablar de la contratación pública. La consideran un auténtico infierno burocrático, con procedimientos complejos, precios muy ajustados y, en ocasiones, plazos de pago que generan importantes problemas de tesorería. El resultado es que hay empresas que renuncian a acceder a una parte muy importante del mercado. Y eso es especialmente preocupante cuando hablamos de pymes que tienen capacidad para prestar esos servicios, pero que no disponen de los recursos administrativos o financieros de una gran compañía.

La normativa es clara: en un sector de mano de obra intensiva como el nuestro, el precio no puede ser el único factor de adjudicación. Sin embargo, en la práctica sigue teniendo un peso enorme en la mayoría de procedimientos. Además, aunque se ha avanzado en la división de los contratos en lotes, el problema no está resuelto. Por lo general, cuando una gran compañía se presenta a todos los lotes de un contrato, no gana uno: los gana todos. El resultado es que la división en lotes acaba sin producir el efecto que se buscaba.

¿La lotificación es la principal herramienta para facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública?

Es una de las respuestas fundamentales. Permite dividir los contratos en unidades más pequeñas, de manera que las empresas puedan concurrir a aquellos servicios que realmente están en condiciones de prestar. El problema es que las grandes compañías de servicios tienen unas economías de escala con las que las pymes difícilmente pueden competir.

No se trata de que una pequeña empresa no sepa gestionar un servicio de limpieza, sino de que se encuentra en una situación de desventaja por su menor capacidad de compra. Según los datos que manejamos, una parte muy significativa de la contratación se concentra en un grupo reducido de compañías. Por eso defendemos que la división en lotes debe aplicarse de forma efectiva y que los criterios de adjudicación permitan competir a las empresas por algo más que el precio.

Otro de los problemas que señalan las empresas es la dificultad para repercutir los incrementos salariales en los contratos públicos. ¿Qué consecuencias está teniendo esta situación?

Para muchas empresas, el impacto es enorme. Estamos hablando de un sector con márgenes muy reducidos, que en muchos casos se sitúan entre el 3% y el 5%. Cuando se produce un incremento importante de los costes laborales y la empresa no puede actualizar el precio del contrato, ese aumento se come directamente el margen. En algunos casos, las consecuencias pueden ser muy graves para la viabilidad de la compañía.

El problema es que las empresas asumen los incrementos salariales de los convenios colectivos y tienen la obligación de cumplirlos, pero después no siempre pueden repercutir esos costes en los contratos que ya tienen adjudicados. Por eso defendemos que los contratos públicos deberían incorporar mecanismos que permitan actualizar sus importes cuando se producen incrementos de costes laborales que las empresas no pueden controlar. No puede ser que una empresa esté obligada a cumplir un convenio colectivo y, al mismo tiempo, se vea forzada a mantener durante años un precio que ya no responde a sus costes reales.

El absentismo laboral es otra de las grandes preocupaciones de los empresarios del sector. ¿Qué medidas considera necesarias para reducir su impacto?

El absentismo es, sin duda, el principal problema de las empresas del sector. Y por mucho que algunos insistan en que no existe, existe, y pone en serio peligro su sostenibilidad. Conviene partir de algo elemental: cualquier ausencia del trabajo, justificada o no, es absentismo. Y en el núcleo está el absentismo por incapacidad temporal. Aquí quiero ser muy claro, porque es un debate que se envenena con facilidad. No vamos contra el trabajador enfermo. Vamos contra un sistema que alarga las bajas por falta de recursos y que es excesivamente proteccionista a la hora de concederlas. Y ese proteccionismo está generando un efecto llamada que alimenta un absentismo fraudulento en crecimiento constante. No olvidemos que el fraude no aparece en ninguna estadística con nombre propio: se esconde detrás del absentismo por IT.

Las medidas que planteamos son claras: reforzar la Administración: el sistema sanitario va saturado, cada vez somos más población y las plantillas médicas no están completas. Necesitamos una Administración capaz de absorber la demanda que tiene hoy. Una colaboración real entre el sistema público y las mutuas, porque no hay explicación posible a que las bajas por contingencias comunes duren el doble que las profesionales. En ese sentido lo que no podemos permitirnos es seguir generando cuellos de botella, ni dejar a los médicos a los pies de los caballos. Por último, una persecución efectiva del fraude: no es normal que, cuando el fraude se demuestra, la Administración no actúe. Y hay algo que conviene no perder de vista. Aquí no peligra solo la sostenibilidad del sector. Peligra la sostenibilidad del Estado del bienestar.

¿Qué otras dificultades están encontrando las empresas en materia de organización del trabajo?

Hay que tener en cuenta que las empresas de limpieza trabajan con una organización de horarios muy compleja. Los trabajadores prestan servicios en diferentes centros y los turnos tienen que adaptarse a las necesidades de cada cliente. La normativa establece, por ejemplo, que debe haber un descanso mínimo de doce horas entre jornadas. Es una obligación que hay que cumplir, pero en determinadas situaciones puede complicar la organización de los servicios.

A eso hay que añadir todas las obligaciones relacionadas con los protocolos de igualdad, los protocolos LGTBI, los riesgos climáticos y otras disposiciones que las empresas tienen que implementar. Estamos hablando de obligaciones que tienen un coste económico y administrativo, especialmente para las empresas pequeñas. No cuestionamos los derechos de los trabajadores. Lo que planteamos es que hay que analizar cómo se implementan las obligaciones y qué impacto tienen sobre la capacidad de las empresas para desarrollar su actividad.

Aunque se ha avanzado en la división en lotes de los contratos públicos, el problema no está resuelto: una parte muy significativa de la contratación sigue estando concentrada en un grupo reducido de grandes compañías.

¿Hasta qué punto la hiperregulación está condicionando el crecimiento de las empresas de limpieza?

Es una preocupación importante. Hay empresas de menos de 50 trabajadores que se plantean si realmente les compensa crecer. Y eso es muy preocupante, porque el crecimiento empresarial debería ser una oportunidad, no una fuente de problemas adicionales. Cuando una empresa aumenta su plantilla, puede encontrarse con nuevas obligaciones, más protocolos y mayores exigencias administrativas. Todo eso implica costes y recursos que no siempre puede asumir con facilidad.

La Unión Europea está empezando a plantear la necesidad de revisar determinadas obligaciones y eliminar aquellas normas que no se consideren necesarias. Creo que es un debate importante. Durante mucho tiempo se ha considerado un motivo de orgullo que Europa fuera una potencia regulatoria. Pero tenemos que preguntarnos si estamos llegando a un punto en el que la regulación está perjudicando la competitividad de nuestras empresas. Lo vemos en diferentes sectores, desde la agricultura hasta la automoción, donde las empresas europeas tienen que competir con compañías de otros mercados que operan con exigencias diferentes.

La regulación es necesaria, pero tiene que ser proporcionada. No podemos cargar a las empresas con obligaciones que generen costes desproporcionados y que, al final, dificulten su capacidad para competir y crecer.

Antes de regular sobre obligaciones para las empresas, los legisladores deberían analizar cómo se implementan dichas obligaciones y qué impacto tienen sobre la capacidad de las empresas para desarrollar su actividad.

Para terminar, ¿cuáles son las prioridades de ASCEN de cara a los próximos años?

Una de nuestras prioridades es reforzar la representatividad territorial de la asociación, especialmente en la Catalunya interior. El sector tiene realidades diferentes según el territorio. Las necesidades de una empresa que presta servicios en Barcelona no siempre son las mismas que las de una compañía que trabaja en una zona rural o en otra provincia. Esto es especialmente importante cuando negociamos el convenio colectivo, porque tenemos que ser capaces de representar al conjunto de las empresas y tener en cuenta las particularidades de cada territorio.

Queremos apuntalar las empresas que ya tenemos, ampliar nuestra base de asociados y reforzar nuestra capacidad de interlocución con las administraciones. En definitiva, queremos que ASCEN sea cada vez más útil para las empresas de limpieza catalanas, tanto en la defensa de sus intereses como en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas que afrontan cada día.