ASCEN alerta de que el nuevo Decreto-ley 39/2026 puede dejar sin cubrir suplencias de limpieza en hospitales y residencias
El Real Decreto-ley 39/2026 exige entregar por escrito diecisiete apartados de información antes del primer día de trabajo, incluso en una suplencia de un día, bajo sanción grave. La directiva europea da hasta el séptimo día para la información esencial y pide evitar trabas a las pymes, cuando Bruselas se propone reducir un 35 % su burocracia. Con un absentismo del 12,8 %, la patronal catalana alerta del riesgo de que la burocracia deje sin cubrir suplencias en hospitales, residencias o escuelas.
![[Img #8571]](https://empresaylimpieza.com/upload/images/11_2026/155_limpieza-en-un-pasillo-hospitalario-1.png)
ASCEN reclama que las nuevas obligaciones de información a las personas trabajadoras se apliquen con la proporcionalidad que prevé la normativa europea. El Real Decreto-ley 39/2026, publicado en el BOE el 18 de noviembre y en vigor desde el día siguiente, exige entregar por escrito toda la información sobre las condiciones de trabajo antes de que comience cualquier relación laboral, sea cual sea su duración. En un sector en el que las ausencias deben cubrirse a menudo de un día para otro, el cambio introduce una rigidez que Europa no impone.
Más allá de lo que exige la directiva
El Real Decreto 723/2026, en vigor desde el 5 de octubre, transpuso con más de cuatro años de retraso la Directiva (UE) 2019/1152, pero dejaba fuera los contratos de cuatro semanas o menos. Seis semanas después, el decreto-ley elimina esta excepción. El objetivo de que todo el mundo conozca sus condiciones es compartido, y la directiva también lo aplica a los contratos breves.
La diferencia es el cuándo: Europa permite entregar la información esencial hasta el séptimo día natural y el resto en un mes, mientras que la normativa española la exige toda antes de empezar. Además, el incumplimiento pasa de leve a grave, con multas de 751 a 7.500 euros, cuando la directiva solo pide sanciones proporcionadas y permite dar a la empresa la ocasión de subsanar la omisión.
No es el único punto en el que el Estado va más allá del mínimo europeo. Algunos de los diecisiete apartados no tienen equivalente en la directiva, como el plan de igualdad, la política de conciliación, el protocolo contra el acoso, las mejoras voluntarias de la Seguridad Social o el funcionamiento de los algoritmos que intervienen en decisiones laborales. Y cualquier cambio en estos elementos debe volver a comunicarse por escrito.
En transparencia retributiva, el decreto-ley obliga a las empresas de 50 trabajadores o más a informar sobre la brecha salarial y a justificar las diferencias superiores al 25 %, cuando la Directiva (UE) 2023/970 sitúa estas obligaciones a partir de 100.
Europa pide no cargar a las pymes
La propia Directiva 2019/1152 advierte de este riesgo. Su considerando 48 pide a los Estados miembros que eviten trabas administrativas, financieras y jurídicas a las pymes y que evalúen el impacto de la transposición sobre ellas, con especial atención a las microempresas y a la carga administrativa. Los considerandos no son vinculantes, pero expresan la voluntad del legislador europeo, y ASCEN se pregunta si se ha hecho esta evaluación. La norma llega, además, cuando la Comisión Europea se ha fijado el objetivo de reducir las cargas administrativas de las empresas al menos un 25 %, y un 35 % en el caso de las pymes, antes de 2029.
El decreto-ley va en la dirección contraria. A ello se suma una particularidad de los sectores intensivos en mano de obra: la clasificación habitual por número de trabajadores no refleja su realidad. Una empresa de limpieza puede tener cientos de personas trabajadoras repartidas en los centros de sus clientes y, al mismo tiempo, una estructura central mínima, que es la que asume toda la gestión administrativa. Por plantilla puede ser una gran empresa; por capacidad de gestión, funciona como una pyme.
Una suplencia no cubierta es un espacio que no se limpia
La limpieza es un servicio esencial para la higiene y la salud pública. En un hospital o una residencia, limpiar es prevenir infecciones; en una escuela, proteger a los niños; en una industria alimentaria, garantizar la seguridad de los alimentos. Con un absentismo del 12,8 % y estructuras muy ajustadas, el sector cubre ausencias cada día, a menudo con pocas horas de margen. Ante el riesgo de una infracción grave por un error formal, algunas empresas pueden acabar no cubriendo determinadas ausencias cortas. Y cada suplencia que no se cubre son horas de limpieza que no se hacen.
"Cuando una suplencia no se cubre, hay un espacio que no se limpia o que se limpia peor. Y hablamos de hospitales, residencias, escuelas o cocinas industriales, donde la higiene no es una cuestión de imagen sino de salud", afirma Josep Tres, presidente de ASCEN.
Transparencia sí, inflexibilidad no
ASCEN subraya que no se opone a la transparencia: las empresas del sector ya informan a las personas trabajadoras y lo seguirán haciendo. Lo que cuestiona es una norma inflexible, que no distingue entre un contrato indefinido y una sustitución urgente, aprobada por decreto ley sin consulta pública ni audiencia. Una buena regulación debe proteger a las personas trabajadoras sin poner en riesgo la sostenibilidad de los servicios ni la viabilidad de las empresas más pequeñas.
La asociación recuerda que el diálogo social es el espacio para valorar estas cuestiones. El decreto-ley debe someterse ahora a la Diputación Permanente del Congreso, que deberá decidir su convalidación en el plazo de treinta días que fija la Constitución.
"Queremos transparencia, y nuestras empresas ya la practican. Pero mientras Europa se propone reducir un 35 % la burocracia de las pymes, aquí se añade más. El diálogo social existe para detectar estos problemas antes de que se conviertan en normas, y confiamos en que la Diputación Permanente actúe con sensatez", añade Tres.
ASCEN también defiende esta posición en PIMEC, la patronal catalana de la micro, pequeña y mediana empresa, de la que forma parte, y a través de AFELIN, la federación estatal del sector, y de alianzAS, la confederación de las organizaciones empresariales de los servicios esenciales, que representan a más de 1,5 millones de personas trabajadoras.
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ASCEN reclama que las nuevas obligaciones de información a las personas trabajadoras se apliquen con la proporcionalidad que prevé la normativa europea. El Real Decreto-ley 39/2026, publicado en el BOE el 18 de noviembre y en vigor desde el día siguiente, exige entregar por escrito toda la información sobre las condiciones de trabajo antes de que comience cualquier relación laboral, sea cual sea su duración. En un sector en el que las ausencias deben cubrirse a menudo de un día para otro, el cambio introduce una rigidez que Europa no impone.
Más allá de lo que exige la directiva
El Real Decreto 723/2026, en vigor desde el 5 de octubre, transpuso con más de cuatro años de retraso la Directiva (UE) 2019/1152, pero dejaba fuera los contratos de cuatro semanas o menos. Seis semanas después, el decreto-ley elimina esta excepción. El objetivo de que todo el mundo conozca sus condiciones es compartido, y la directiva también lo aplica a los contratos breves.
La diferencia es el cuándo: Europa permite entregar la información esencial hasta el séptimo día natural y el resto en un mes, mientras que la normativa española la exige toda antes de empezar. Además, el incumplimiento pasa de leve a grave, con multas de 751 a 7.500 euros, cuando la directiva solo pide sanciones proporcionadas y permite dar a la empresa la ocasión de subsanar la omisión.
No es el único punto en el que el Estado va más allá del mínimo europeo. Algunos de los diecisiete apartados no tienen equivalente en la directiva, como el plan de igualdad, la política de conciliación, el protocolo contra el acoso, las mejoras voluntarias de la Seguridad Social o el funcionamiento de los algoritmos que intervienen en decisiones laborales. Y cualquier cambio en estos elementos debe volver a comunicarse por escrito.
En transparencia retributiva, el decreto-ley obliga a las empresas de 50 trabajadores o más a informar sobre la brecha salarial y a justificar las diferencias superiores al 25 %, cuando la Directiva (UE) 2023/970 sitúa estas obligaciones a partir de 100.
Europa pide no cargar a las pymes
La propia Directiva 2019/1152 advierte de este riesgo. Su considerando 48 pide a los Estados miembros que eviten trabas administrativas, financieras y jurídicas a las pymes y que evalúen el impacto de la transposición sobre ellas, con especial atención a las microempresas y a la carga administrativa. Los considerandos no son vinculantes, pero expresan la voluntad del legislador europeo, y ASCEN se pregunta si se ha hecho esta evaluación. La norma llega, además, cuando la Comisión Europea se ha fijado el objetivo de reducir las cargas administrativas de las empresas al menos un 25 %, y un 35 % en el caso de las pymes, antes de 2029.
El decreto-ley va en la dirección contraria. A ello se suma una particularidad de los sectores intensivos en mano de obra: la clasificación habitual por número de trabajadores no refleja su realidad. Una empresa de limpieza puede tener cientos de personas trabajadoras repartidas en los centros de sus clientes y, al mismo tiempo, una estructura central mínima, que es la que asume toda la gestión administrativa. Por plantilla puede ser una gran empresa; por capacidad de gestión, funciona como una pyme.
Una suplencia no cubierta es un espacio que no se limpia
La limpieza es un servicio esencial para la higiene y la salud pública. En un hospital o una residencia, limpiar es prevenir infecciones; en una escuela, proteger a los niños; en una industria alimentaria, garantizar la seguridad de los alimentos. Con un absentismo del 12,8 % y estructuras muy ajustadas, el sector cubre ausencias cada día, a menudo con pocas horas de margen. Ante el riesgo de una infracción grave por un error formal, algunas empresas pueden acabar no cubriendo determinadas ausencias cortas. Y cada suplencia que no se cubre son horas de limpieza que no se hacen.
"Cuando una suplencia no se cubre, hay un espacio que no se limpia o que se limpia peor. Y hablamos de hospitales, residencias, escuelas o cocinas industriales, donde la higiene no es una cuestión de imagen sino de salud", afirma Josep Tres, presidente de ASCEN.
Transparencia sí, inflexibilidad no
ASCEN subraya que no se opone a la transparencia: las empresas del sector ya informan a las personas trabajadoras y lo seguirán haciendo. Lo que cuestiona es una norma inflexible, que no distingue entre un contrato indefinido y una sustitución urgente, aprobada por decreto ley sin consulta pública ni audiencia. Una buena regulación debe proteger a las personas trabajadoras sin poner en riesgo la sostenibilidad de los servicios ni la viabilidad de las empresas más pequeñas.
La asociación recuerda que el diálogo social es el espacio para valorar estas cuestiones. El decreto-ley debe someterse ahora a la Diputación Permanente del Congreso, que deberá decidir su convalidación en el plazo de treinta días que fija la Constitución.
"Queremos transparencia, y nuestras empresas ya la practican. Pero mientras Europa se propone reducir un 35 % la burocracia de las pymes, aquí se añade más. El diálogo social existe para detectar estos problemas antes de que se conviertan en normas, y confiamos en que la Diputación Permanente actúe con sensatez", añade Tres.
ASCEN también defiende esta posición en PIMEC, la patronal catalana de la micro, pequeña y mediana empresa, de la que forma parte, y a través de AFELIN, la federación estatal del sector, y de alianzAS, la confederación de las organizaciones empresariales de los servicios esenciales, que representan a más de 1,5 millones de personas trabajadoras.


















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