Hacienda ordena al SERGAS paralizar el concurso para la adjudicación de los servicios de limpieza del CHUO

A principios de marzo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ordenó a la Consellería de Sanidad y Servicio Gallego de Salud (SERGAS) la paralización temporal del concurso de privatización, mediante la adjudicación a una sola empresa de los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), y le pidió que no continúe con la adjudicación hasta que no resuelva los recursos presentados por vía administrativa contra ese concurso.

Al menos se han interpuesto tres recursos contra este concurso, dos de ellos de la Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Pontevedra (AELPO), ya que considera que vulnera la Ley de Contratos del Sector Público y perjudica nuevamente a las pymes. 

El pliego de condiciones de este segundo concurso, convocado por el SERGAS debido a la ausencia de ofertas, amplía tanto el tiempo de la concesión, de 10 años a 15 años y un mes, como la cuantía del contrato, que pasa de 150 millones de € a 225.348.565 de €. Además, mantiene la obligatoriedad de realizar un abono de 14 millones de euros para la gestión de los espacios del CHUO, pero en esta ocasión a plazos. Desde la patronal gallega señalan que “la financiación de estos 14 millones de euros para obras que nada tienen que ver con la licitación no pueden considerarse una prestación de servicios ni están vinculadas con ellos y, por tanto, no pueden incluirse en un contrato de servicios y suministros, incumpliendo la legislación vigente”.

El anterior concurso, convocado el pasado año, quedó desierto y no pudo resolverse mediante el posterior procedimiento negociado, ya que la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de aportar 14 millones de euros para construir un nuevo edificio impidió el acceso de las empresas especializadas en el mantenimiento, la limpieza, la seguridad y el suministro energético.

“Detrás de este nuevo concurso vuelve a existir un interés privatizador para los próximos 15 años y, lo que es aún más preocupante, imposibilita una vez más la participación de las pymes gallegas”, señala AELPO, que representa a empresas que agrupan a más de 5.000 trabajadores en la provincia de Pontevedra.

La asociación añade que las pymes no pueden hacer frente a la elevada cuantía económica que deben aportar los licitantes, por lo que vulnera el principio de igualdad de trato que establecen las directivas comunitarias. Asimismo, la adjudicación de un único operador para todos los servicios y suministros deja fuera al 100% de las empresas gallegas del sector y a más del 99% a nivel estatal.

En este sentido, AELPO insiste en la necesidad de regular y fomentar los contratos en lotes, que facilitan el acceso de las pymes a este tipo de concursos.

Tras la paralización de Hacienda, el SERGAS explicó que el concurso seguirá adelante en unos días, tras la resolución de estos recursos.